En medio de la presión de Estados Unidos, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de reformas que buscan descentralizar la economía de la isla, que padece su peor crisis en décadas.
El primer ministro, Manuel Marrero, explicó que se creará un grupo de trabajo para gestionar el impacto de las reformas en el ordenamiento jurídico del país.
Al realizar la presentación de las propuestas ante los diputados, Marrero se refirió a “medidas de impacto estratégico” que “no son rígidas” y no se conciben como una renuncia a la construcción del socialismo, sino que son “condición indispensable para su preservación”.
El paquete contempla la entrada de “nuevos actores” en el sector turístico bajo “nuevas modalidades”, el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.
Asimismo prevé la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, así como la posibilidad de convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.
Al respecto, el Jefe de Gobierno explicó que el Estado definiría su participación accionaria en cada sector de la economía y mantendría una posición mayoritaria en aquellos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Las reformas también incluyen cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.
Además, proyecta autorizar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central y sujeta a las mismas regulaciones del sistema bancario estatal.
Aprobación urgente
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció las medidas sin aportar muchos detalles; estas se tramitaron con una inusual urgencia en la isla, con una primera aprobación por un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del PCC de Cuba y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis; sino, cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, afirmó ante el Comité Central.
Díaz-Canel, que además lidera el PCC, reconoció que “no son ideas nuevas” que se plantearon años atrás pero no se implementaron, lo que fue un “error”. “Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones. No se trata de crear más oficinas ni de multiplicar reuniones, sino de lograr resultados concretos”, subrayó.
Estos cambios económicos pueden servir a la vez dos objetivos: atajar la grave crisis estructural que sufre la isla, que ha registrado una contracción sostenida en los últimos seis años.
Las reformas también buscan calmar la presión de Washington, que exige cambios políticos y económicos profundos a La Habana y, según fuentes cubanas, ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.
Asimismo, la situación interna es crítica: la producción agrícola e industrial se ha derrumbado, la generación energética está colapsando, los precios se multiplican, las distorsiones macroeconómicas se enquistan, el peso se deprecia de forma acelerada, y el sistema bancario y el Estado cubano están descapitalizados.
El deterioro de la calidad de vida tras el bloqueo petrolero y las sanciones de presión máxima adicionales aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas, pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles.
