La causa por el fentanilo contaminado en la Argentina sumó un capítulo de fuerte impacto judicial. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, exresponsable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y a Gabriela Mantecón Fumadó, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Medicamentos.
La resolución analiza la presunta responsabilidad de las antiguas autoridades sanitarias frente a una serie de advertencias técnicas y anomalías que habrían sido detectadas antes de que los lotes investigados fueran distribuidos entre hospitales y centros de salud. La pesquisa vincula hasta el momento la administración del medicamento con 90 fallecimientos y lesiones sufridas por otras 44 personas.
Qué resolvió la Justicia en la causa por el fentanilo contaminado
El magistrado consideró, con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, que ambas exfuncionarias habrían realizado una contribución relevante para que los hechos investigados pudieran concretarse. Por ese motivo, fueron procesadas como presuntas partícipes necesarias de la adulteración de sustancias medicinales, en una causa que también contempla lesiones de diferente gravedad.
Aunque seguirán en libertad, Bisio y Mantecón Fumadó deberán respetar distintas condiciones. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país, la entrega de sus documentos de viaje, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y restricciones para mantener contacto con personas relacionadas con la ANMAT y el INAME.
Además, el juez dispuso la inhibición general de bienes y estableció un embargo de 500.000 millones de pesos para cada una. La magnitud de la medida patrimonial refleja la dimensión que la Justicia le atribuye al daño sanitario investigado, aunque el procesamiento no equivale a una condena y las imputadas conservan el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Las advertencias internas que quedaron bajo la lupa
Uno de los puntos centrales del expediente es la actuación de los organismos encargados de controlar la fabricación y comercialización de medicamentos. Según la reconstrucción judicial difundida, una inspección realizada en diciembre de 2024 habría detectado deficiencias críticas y mayores en la planta de Laboratorios Ramallo, que elaboraba productos para HLB Pharma.
El 3 de enero de 2025, personal técnico del INAME habría elaborado una recomendación para impedir que la planta continuara produciendo y evaluar el retiro de productos del mercado. Sin embargo, la documentación habría sido firmada más de un mes después, el 10 de febrero, mientras que su publicación se concretó el 24 de ese mes.
También habría existido un segundo informe, fechado el 8 de enero, que proponía medidas más amplias contra la actividad de Laboratorios Ramallo y la comercialización efectuada por HLB Pharma. Ese antecedente resulta relevante porque el primer despacho del lote identificado como 31202 se habría realizado el 30 de enero de 2025, cuando ya existían observaciones internas sobre las condiciones de producción.
Para el juez, las demoras y omisiones registradas no serían simples irregularidades administrativas. La hipótesis judicial sostiene que las responsables de los organismos de control contaban con herramientas para adoptar medidas preventivas y que su presunta falta de intervención permitió que la producción y distribución continuaran. Esa interpretación deberá ser revisada en las siguientes instancias del proceso.
Cómo se originó el escándalo sanitario
Los lotes señalados en la investigación correspondían a fentanilo de HLB Pharma elaborado en la planta de Laboratorios Ramallo. El medicamento habría estado contaminado con bacterias capaces de causar infecciones graves, especialmente entre pacientes internados en unidades de cuidados intensivos o con condiciones clínicas delicadas.
El fentanilo es un opioide sintético de uso médico utilizado para el tratamiento del dolor intenso y en procedimientos que requieren anestesia o sedación. Su utilización en hospitales se encuentra sometida a protocolos estrictos, por lo que cualquier contaminación durante la fabricación puede representar un riesgo especialmente alto para personas vulnerables.
La alarma comenzó a tomar fuerza luego de que se identificaran infecciones y fallecimientos entre pacientes que habían recibido ampollas de los lotes investigados. A partir de esos episodios, la Justicia concentró inicialmente la pesquisa en los responsables empresariales y luego amplió el análisis hacia los organismos estatales encargados de la fiscalización.
Una investigación que ahora alcanza a los organismos de control
El procesamiento de las exautoridades marca un cambio importante en el alcance del expediente. La causa ya no se limita a determinar qué ocurrió dentro de los laboratorios, sino que busca establecer si los controles públicos fallaron y si las decisiones de determinadas funcionarias pudieron haber evitado que el producto llegara a los hospitales.
Bisio y Mantecón Fumadó tuvieron la posibilidad de declarar ante el juzgado y plantearon sus respectivas defensas. De acuerdo con la información publicada, Bisio sostuvo que parte de los procedimientos internos dependía de áreas técnicas específicas, mientras que Mantecón Fumadó respondió preguntas durante varias horas. Posteriormente, ambas ampliaron sus exposiciones y deslindaron responsabilidades.
La decisión de Kreplak podrá ser apelada. Mientras tanto, la investigación continuará con el análisis de documentos, comunicaciones internas, inspecciones y decisiones administrativas. El objetivo será determinar el grado de responsabilidad de cada persona involucrada y reconstruir por qué las alertas existentes no derivaron oportunamente en medidas capaces de frenar la producción y circulación del medicamento cuestionado.
