No está Buenos Aires: las 9 provincias que el Gobierno autorizó para otorgar concesiones de obras públicas en las rutas nacionales
El Ejecutivo nacional habilitó a nueve provincias a licitar y administrar concesiones de obras públicas en tramos de rutas nacionales, bajo un esquema temporal y con control de Vialidad Nacional. La decisión, formalizada por decreto, no incluye a la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva delegación de funciones viales y habilitó a nueve provincias a otorgar concesiones de obra pública en rutas nacionales ubicadas dentro de sus territorios. La decisión excluye a Buenos Aires y alcanza solo a distritos gobernados por mandatarios con vínculo fluido con la Casa Rosada.
La medida quedó formalizada a través del decreto 253/2026, publicado este viernes 17 de abril en el Boletín Oficial, y autoriza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a gestionar proyectos bajo el régimen de concesión por peaje.
Según el texto oficial, las provincias podrán intervenir en la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los tramos asignados, sin que ello implique ceder el dominio público ni la jurisdicción federal, que seguirá en manos del Estado nacional.
Cómo funcionarán las concesiones y qué podrá hacer cada provincia
La habilitación incluye la posibilidad de aprobar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. Todo el proceso deberá ajustarse a criterios de publicidad, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
Para ejercer esas facultades, cada jurisdicción deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los trayectos habilitados, los plazos de concesión, el esquema de supervisión y las condiciones de auditoría.
Uno de los puntos centrales del esquema es el carácter temporal y revocable de la delegación. El Estado nacional podrá retomar la gestión si se incumplen los plazos previstos o si se considera afectado el interés público.
El decreto también establece que los ingresos obtenidos por la explotación de cada tramo solo podrán destinarse a obras en ese mismo recorrido, sin posibilidad de financiación cruzada hacia otros caminos, aun cuando exista conexión técnica entre ellos.
Las provincias tendrán hasta un año para iniciar el proceso de selección de concesionarios una vez aprobados los convenios. Luego de la adjudicación, dispondrán de 90 días hábiles para ceder la posesión a la empresa concesionaria.
En caso de que no se cumplan los plazos o el contrato se extinga por cualquier causa, la administración volverá automáticamente al ámbito nacional, que podrá reasumir el mantenimiento o definir una nueva delegación. El Gobierno destacó que esta modalidad apunta a descentralizar la gestión operativa, reforzar el perfil federal y agilizar la ejecución de obras viales en un contexto de reorganización del Estado y restricción del gasto público.
La puerta abierta para otras provincias y el rol del Ministerio del Interior
El decreto prevé, además, que otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan solicitar el mismo régimen. El pedido deberá ser evaluado por el Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli y la Secretaría de Transporte dirigida por Fernando Herrmann, que analizarán su viabilidad técnica y económica.
El plan nacional de concesiones avanza en paralelo con 9.000 kilómetros de rutas
La delegación de facultades a las provincias se inscribe en un esquema más amplio de reorganización de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno nacional. Según admitió el propio Ministerio de Economía, la medida convive con un proceso simultáneo de licitación de corredores viales estratégicos bajo control directo de la Nación, que no forman parte de la delegación provincial.
En ese marco, el Ejecutivo prevé concesionar al menos 9.000 kilómetros de rutas nacionales durante 2026 a través de la denominada Red Federal de Concesiones, con financiamiento privado y sin aportes del Tesoro. La iniciativa incluye además la licitación de otros 12.000 kilómetros en una segunda etapa, ampliando el alcance del modelo de gestión con peajes y contratos de largo plazo.
El anticipo fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), donde señaló que el objetivo es acelerar obras de mantenimiento y mejora en corredores clave, mientras se reduce la participación directa del Estado en la ejecución y financiación de la obra pública vial.
