El Gobierno Nacional y las universidades llegaron a un principio de acuerdo tras una reunión que se realizó en pos de avanzar con el aumento de las partidas destinadas al sector; pero un pedido oficial al que las casas de estudio se niegan traba el desenlace de la negociación.
El pedido explícito del Gobierno es que se retire la demanda judicial por el restablecimiento del Presupuesto que aguarda el fallo de la Corte Suprema. Pero las universidades se negaron abruptamente.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que busca mantenerse en territorio neutral para no captar la atención mediática, fue quien re reunió con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar aquel conflicto presupuestario que motivó la última Marcha Federal.
¿Qué le ofreció el Gobierno a las universidades?
El Ejecutivo propuso una recomposición salarial del 24,3% a los profesores universitarios que compensaría la pérdida de poder adquisitivo del 2024, 2025 y el desfasaje del 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo incluiría además la conformación de una comisión técnica para trabajar en el período adeudado del 2024 y garantizar futuras negociaciones paritarias cada tres meses.
El Gobierno ofreció también un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
Mientras, las universidades esperan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de una partida de más de $79 mil millones destinadas a estos hospitales ya que el congelamiento generó protestas y una advertencia de peligro de un posible freno de funcionamiento.
¿Cuál fue la respuesta de las universidades a la propuesta del Gobierno?
Fuentes de la comunidad universitaria le comentaron a TN que la propuesta del Ejecutivo es razonable pero que no aceptaron por el pedido de retirar la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley del Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
La ley exige, entre otras cosas, el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC. La cifra ronda los 2,5 billones de pesos y el Ejecutivo considera que atenta contra el superávit fiscal.
Los rectores universitarios le dijeron a TN: “Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”.
Las casas de altos estudios consideran que la demanda activa es un resguardo que no están dispuestos a perder y que no existe un consenso de la comunidad universitaria para eso. De hecho, enfatizan que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, remarcaron las autoridades universitarias, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.
Según TN, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no quiere ceder en terreno judicial para no perder el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”.
Así, ambos sectores insisten en la idea de que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que ceder.
