Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, encabezó una reunión de urgencia con los presidentes de los bloques dialoguistas para reconfigurar el proyecto de ley que busca proteger la propiedad privada. El oficialismo aceptó incorporar una serie de modificaciones extra al texto original para recuperar el respaldo de la oposición, por lo que los legisladores intentarán convocar a una sesión especial de la Cámara Alta para el próximo jueves 18 de junio
El encuentro sirvió para detener los desacuerdos que se produjeron durante el debate de comisiones del mes pasado. Las modificaciones pactadas por los senadores deberán ser ratificadas por la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, durante la próxima reunión de Labor Parlamentaria. Allí, el oficialismo pretende sumar al temario un grupo de pliegos de jueces y varios convenios internacionales sin conflicto.
La reunión en las oficinas del Congreso contó con la presencia de los principales referentes de las fuerzas políticas con capacidad de volcar la votación. En las sillas de discusión estuvieron los senadores correntinos Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Provincias Unidas), junto al misionero Martín Goerling (PRO), además del apoyo de legisladores provinciales como Flavia Royón de Salta y Carlos Arce de Misiones, motivo por el cual los armadores del Gobierno confían en ingresar al recinto en un clima de mayor previsibilidad.
Los cambios clave: qué se modificó en el proyecto de propiedad privada
El plenario de comisiones del pasado mes de mayo aplicó fuertes recortes al texto inicial de la Casa Rosada. La resistencia de los gobernadores obligó a reformular los capítulos de desalojos rápidos, expropiaciones y la venta de campos a compradores internacionales. Los puntos modificados en el plenario de comisiones fueron:
- Capítulo del ReNaBaP: se eliminó por completo el apartado sobre el Registro Nacional de Barrios Populares, lo que significó un revés para el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.
- Expropiaciones y lucro cesante: se fijó un tope máximo del 30% sobre el concepto de lucro cesante, a menos que el damnificado logre demostrar lo contrario ante los jueces.
- Tasas de interés para el pago: el cálculo de los intereses se fijó mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sumado a la tasa a 30 días que aplica el Banco Nación.
- Tasación del bien expropiado: la fecha para fijar el valor monetario del inmueble será siempre la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación del Estado.
- Régimen de desalojos: se mantuvo la diferencia legal entre inquilinos y usurpadores. Ante la falta de pago en alquileres de vivienda, el propietario deberá intimar formalmente con un plazo obligatorio de diez días.
- Ley de manejo del fuego: se borró la prohibición de 60 años para el uso o cambio de dominio de las tierras afectadas por incendios en bosques nativos o implantados, una norma aprobada durante la gestión de Alberto Fernández.
En paralelo, el control y la venta de campos en las zonas limítrofes del país continúa como el tema más sensible para cerrar los votos de la oposición dialoguista. Las modificaciones otorgan mayor poder de decisión a los gobernadores locales con la única prohibición de vender tierras a Estados extranjeros, de modo que en las áreas de frontera habrá un control compartido donde las provincias intervendrán con la autorización previa del Gobierno.
Los equipos técnicos de los bloques aliados iniciaron un intercambio de propuestas para redactar una versión alternativa del artículo sobre inversiones de grandes potencias. Mientras este debate lento se resuelve en los despachos, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Justicia, bajo la dirección de Francisco Paoltroni y Gonzalo Guzmán Coraita, lograron firmar los dictámenes de dos acuerdos internacionales que ya tenían el visto bueno de la Cámara de Diputados:
- Convenio de extradición con Chile: documento firmado el 5 de diciembre de 2023 que quedó listo para su sanción definitiva.
- Tratado de Medellín: acuerdo técnico para implementar la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre las autoridades centrales.
