El Gobierno estableció cambios clave en el régimen de nombramiento de jueces de la Corte Suprema en el cual modernizó las publicaciones y evitó hacer nombramiento alguno del cupo de diversidad de género o procedencia regional. Modificó además cuestiones sobre el nombramiento del Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante el Decreto 467/2026, la administración de Javier Milei modificó profundamente los históricos decretos 222 y 588 del año 2003 que establecían aquellos requisitos para el envío de postulaciones a los cargos mencionados.
¿Qué establece la nueva normativa?
La medida, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas, alcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo.
Récord de sentencias en 2025: así actuó la Corte Suprema
Durante el 2025, la Corte Suprema se pronunció sobre 15.700 sentencias y resolvió 28.900 causas, un récord absoluto en la historia judicial.
Por un lado, estas cifras reflejan la excesiva judicialización de los conflictos y la enorme cantidad de causas que llegan a la última instancia. Pero, al mismo tiempo, desmienten cierta narrativa instalada sobre el distanciamiento entre la sociedad y el Poder Judicial.
Detrás del récord de sentencias también hay un proceso menos visible, pero decisivo: la modernización de los procesos internos del tribunal. Digitalización, reorganización administrativa y nuevos criterios de gestión permitieron sostener -e incluso ampliar- la capacidad de respuesta, aun en un contexto de integración incompleta.
