La localidad de Puerto Libertad, ubicada en el partido de Iguazú de la provincia de Misiones, enfrenta un dilema estructural que limita su crecimiento urbano y productivo. El municipio planea desarrollar un parque industrial para impulsar la economía local, pero las tierras que rodean la planta urbana pertenecen a la empresa forestal de capitales chilenos Arauco, motivo por el cual paralizó el proyecto por falta de espacio disponible.
Para concretar la iniciativa, la intendencia requiere la compra de un predio de apenas 10 hectáreas. Sin embargo, la resolución de la venta depende de las oficinas centrales de la compañía en Chile, un trámite que ya acumula dos años de gestiones sin definiciones concretas. En la actualidad, Arauco concentra 62.000 hectáreas en los alrededores de la localidad y acumula un total de 262.607 hectáreas distribuidas entre las provincias de Misiones, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
El caso de Puerto Libertad volvió a poner en agenda los índices de propiedad del suelo en la región. Según datos oficiales, el 11,3% del territorio de la provincia de Misiones se encuentra en manos de capitales extranjeros, con una presencia mayoritaria de firmas chilenas. Asimismo, los registros estatales señalan que al menos cinco localidades de la provincia superan los límites de extranjerización previstos por la legislación actual.
En paralelo, organizaciones campesinas, ambientalistas y comunidades de la nación Mbya Guaraní señalan desde hace tiempo las consecuencias del avance de los monocultivos de madera en la zona. Entre las principales advertencias, se mencionan la alteración de los ecosistemas nativos, la presión sobre los bienes naturales y la limitación del acceso al territorio por parte de los pueblos originarios. “Queremos estar bien con mi gente. Hice también un pedido de personería jurídica y quiero que salga para poder avanzar con eso de ganar el territorio a recuperar”, dijo un joven perteneciente a la comunidad.
El debate en el Congreso sobre la Ley de Tierras
La problemática local coincide con el tratamiento legislativo a nivel nacional. Este jueves 6 de agosto, la Cámara de Senadores debatirá un proyecto de ley impulsado para modificar la Ley de Tierras vigente con la propuesta de eliminar restricciones a la adquisición de inmuebles rurales por parte de inversores y firmas extranjeras.
Mientras sectores a favor de la modificación sostienen que la apertura busca atraer inversiones y desregulaciones en el mercado inmobiliario rural, la situación en distritos como Puerto Libertad expone la tensión entre el desarrollo municipal, la planificación territorial y los marcos regulatorios sobre la propiedad de la tierra en la Argentina.
