El Gobierno reestructura el control utilizado sobre la tecnología en sectores estratégicos con el objetivo de identificar las redes y centros de datos como infraestructura crítica. Además, quiere detectar el establecimiento de requisitos de seguridad para los proveedores que participen de esos sistemas.
Aquella discusión tomó impulso en medio de la disputa entre China y Estados Unidos por la presencia de Huawei en la infraestructura tecnológica de la provincia de Neuquén. Cuando se les consulta sobre la posible nulidad de la contratación de la Cooperativa CALF, desde Casa Rosada comentan: “Estamos estudiándolo”.
En este sentido, analizan una medida que afecte a la compañía en sentido de un posible esquema más amplio para las infraestructuras críticas o sensibles que son canalizadas a través de la Secretaría Legal y Técnica, mientras que los protocolos de ciberseguridad involucran a las áreas técnicas de la Jefatura de Gabinete.
¿De dónde proviene la controversia entre Estados Unidos y Argentina?
La controversia distingue entre una contratación específica y el marco regulatorio de alcance nacional. CALF es una cooperativa neuquina cuyas decisiones comerciales no están sujetas al Ejecutivo, mientras que Calfibra brinda servicios de telecomunicaciones bajo una licencia de carácter nacional. Este año, el propio ENACOM reconoció a CALF como licenciataria de Servicios TIC, en una actividad que, según establece la Ley Argentina Digital, requiere autorización federal.
A su vez, la Argentina ya considera a la energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones como sectores de infraestructura crítica. Una resolución nacional de 2019 incorporó ambas áreas junto con transporte, agua, salud, alimentación, finanzas, sector nuclear, industria química, espacio y funciones del Poder Ejecutivo.
La normativa define como críticas aquellas infraestructuras cuya destrucción o interrupción pueda comprometer de manera significativa la prestación de servicios esenciales, la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, esta categorización general no implica que toda red, servidor, centro de datos o instalación energética del país sea, por sí misma, un activo crítico. En esa línea, la Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad propone avanzar en la identificación concreta de estas infraestructuras, reforzar la articulación con los operadores privados y establecer un marco regulatorio específico para las entidades encargadas de su funcionamiento y protección.
¿Cuáles son los organismos de intervención con los que cuenta el Gobierno para tomar distintas medidas sobre el comercio?
El Ejecutivo cuenta con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como autoridad nacional en la materia que puede promover estándares para reducir vulnerabilidades, intervenir en medidas de ciberseguridad sobre redes de telecomunicaciones y realizar pruebas sobre infraestructuras críticas.
Por otro lado, el ENACOM puede intervenir realizando procesos de homologación y certificación para garantizar la integridad y la calidad de las redes, mientras que los licenciatarios se ven obligados a cumplir con el marco regulatorio y las decisiones de la autoridad de aplicación.
Se plantea en este sentido la posible creación de requisitos de “proveedor confiable” para determinados sistemas sensibles aunque aún no se ha determinado si el mecanismo se traducirá en una lista de empresas, categorías de riesgo o en una serie de condiciones técnicas que deberán cumplir los fabricantes.
El modelo a seguir en esta discusión es el estadounidense ya que su Comisión Federal de Comunicaciones posee una lista que identifica equipos y servicios de tecnología que representan un riesgo para la seguridad nacional: Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua. La inclusión tendría efectos sobre las autorizaciones de nuevos equipos, la utilización de subsidios federales y programas de retiro y reemplazo de tecnología considerada “riesgosa”.
Por su parte, Europa utiliza sus propios mecanismos basados en el riesgo de los proveedores y consideran que Huawei y ZTE tienen riesgos significativamente superiores a otros proveedores de 5G y avaló restricciones adoptados por distintos Estados.
¿Cuál es la controversia central que mantiene la Argentina?
CALF es la empresa que mantiene una alianza con Huawei desde 2024 con el objetivo de una expansión tecnológica; la empresa china suministraría equipos electrónicos para la red de fibra electrónica de Calfibra.
En abril de este año, una delegación de CALF visitó la sede de Huawei en Shenzhen en búsqueda de trabajar la conectividad y hacerla de alta capacidad, redes eléctricas inteligentes, videovigilancia y otras soluciones tecnológicas.
CALF continúa en búsqueda de construir un centro de datos Tier III en el Polo Tecnológico de Neuquén, pero la documentación presente no habilita afirmar que se trate de un contrato integral adjudicado a Huawei. Del mismo modo, su red utiliza proveedores múltiples como HPE, APC, Eaton, sistemas de ABB y dispositivos MikroTik.
En este sentido, Estados Unidos elevó la presión sobre aquella relación y envió mensajes a CALF sobre posibles restricciones de visas y de cancelación de una iniciativa asociada con Huawei. El 29 de julio, la cooperativa le envió una nota formal al embajador Peter Lamelas para pedirle precisiones y fundamentos técnicos. Respecto a ello, el diplomático pidió una reunión y ofreció evaluar alternativas tecnológicas estadounidenses.
¿Cómo continuó la disputa internacional?
Lamelas y Juan Pablo Segura, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, calificaron a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI como proveedores de tecnología de “alto riesgo” ya que las leyes chinas habilitan a obligarlos a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing. Por el contrario, Washington le pidió a sus socios en América por un avance hacia proveedores que considere confiables mientras que China lo rechaza.
Por su parte, Beijing respondió mediante dos comunicados oficiales que acusaron a Estados Unidos de representar un obstáculo ante la cooperación con Huawei, cuestionaron la utilización de restricciones de visa como elementos coercitivos, calificaron a los dichos de Lamelas como “calumnias sin fundamento” y sostuvieron que Huawei tiene antecedentes positivos en materia de ciberseguridad, acepta auditorías externas y está dispuesta a suscribir compromisos contra accesos no autorizados.
