El 9 de Julio es hoy una de las fechas más importantes del calendario argentino. Sin embargo, hubo un momento de la historia nacional en el que la conmemoración de la Declaración de la Independencia perdió centralidad oficial. El responsable fue Bernardino Rivadavia, considerado el primer presidente argentino, quien en 1826 dispuso que la celebración del 9 de Julio quedara absorbida por los festejos del 25 de Mayo, bajo un argumento que todavía sorprende: la repetición de fiestas causaba “perjuicios de consideración al comercio y la industria”.
La medida fue tomada en un contexto político cargado de tensiones. Rivadavia había llegado a la presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1826, en medio de la guerra con Brasil, las disputas entre unitarios y federales y los debates por la organización nacional. Su proyecto político buscaba construir un Estado centralizado, moderno y con fuerte impronta porteña, pero sus decisiones generaron resistencias en buena parte de las provincias.
Por qué Rivadavia quitó fuerza al feriado del 9 de Julio
La decisión de Rivadavia no implicó borrar la Independencia de la historia, pero sí reducir su peso ceremonial. El decreto del 6 de julio de 1826 estableció que el 9 de Julio se conmemorara junto con el 25 de Mayo, con el argumento económico de evitar una multiplicación de celebraciones oficiales que, según el gobierno, afectaban la actividad comercial e industrial.
La frase quedó marcada en la memoria histórica porque expone una tensión que atravesaba a la joven nación: la disputa entre la construcción simbólica de la Patria y las necesidades económicas de un Estado en formación. Para Rivadavia, la modernización institucional, la organización administrativa y el impulso al comercio eran puntos centrales de su programa político. Desde su etapa como ministro de Martín Rodríguez, había promovido reformas profundas, como la creación de la Universidad de Buenos Aires, la supresión del Cabildo, cambios eclesiásticos y una nueva estructura estatal.
Pero la Argentina de aquellos años no era todavía un país consolidado. La Independencia se había declarado el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán, cuando los representantes de las Provincias Unidas rompieron formalmente los vínculos de dependencia política con la monarquía española. Días después, se agregó una frase clave: la independencia también era de “toda otra dominación extranjera”, una definición destinada a evitar cualquier nueva subordinación.
El contexto: un país dividido y una presidencia breve
Rivadavia fue una figura central y polémica. Nacido en Buenos Aires en 1780, participó del proceso iniciado con la Revolución de Mayo, integró el Primer Triunvirato y luego viajó a Europa en una misión diplomática junto a Manuel Belgrano. A su regreso, se transformó en uno de los principales impulsores de las llamadas reformas rivadavianas, inspiradas en ideas liberales y en modelos europeos.
En 1826, el Congreso lo designó presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su mandato, sin embargo, duró poco: renunció en junio de 1827, debilitado por el rechazo provincial a la Constitución unitaria, la crisis política y las consecuencias del tratado de paz con Brasil. La Constitución de 1826 establecía un régimen centralista que subordinaba a los gobernadores provinciales al poder presidencial, lo que intensificó el enfrentamiento con los sectores federales.
En ese escenario, la decisión de disminuir la celebración del 9 de Julio puede leerse como parte de una lógica de gobierno que priorizaba el orden administrativo y económico por encima de las celebraciones patrias repetidas. Pero con el paso del tiempo, la medida quedó asociada a una visión distante del sentimiento popular que rodeaba a la Independencia.
Rosas restauró el 9 de Julio y lo convirtió en una fiesta solemne
La historia dio un giro en junio de 1835, cuando Juan Manuel de Rosas restauró la celebración del 9 de Julio como fiesta solemne. El decreto firmado el 11 de junio de 1835 sostuvo que esa fecha debía ser “no menos célebre” que el 25 de Mayo, porque si en 1810 el pueblo argentino había hecho valer “el grito de la libertad”, en 1816 se había cimentado la Independencia, constituyéndose la Argentina en una nación libre e independiente.
El texto de Rosas ordenó que el 9 de Julio fuera considerado “festivo de ambos preceptos”, con misa solemne, Te Deum, iluminación de edificios públicos y salvas en la Fortaleza y buques del Estado. Además, dejó sin efecto la disposición rivadaviana de 1826 en todo aquello que se opusiera al nuevo decreto.
La restauración tenía un fuerte contenido político y simbólico. Rosas buscaba reforzar una identidad nacional en torno a las fechas patrias, en especial en un tiempo en el que las guerras civiles, las disputas entre provincias y la organización del poder seguían marcando la vida pública argentina. Su decreto resignificó el 9 de Julio como una jornada de unidad, soberanía y memoria colectiva.
La fecha patria que sobrevivió a las disputas políticas
La historia del feriado del 9 de Julio demuestra que las fechas patrias no son apenas marcas en el calendario: también son escenarios de disputa política. Rivadavia, con su mirada modernizadora y comercial, redujo la celebración por considerarla perjudicial para la actividad económica. Rosas, en cambio, la recuperó como una ceremonia central de la identidad nacional.
Más de dos siglos después de la Declaración de la Independencia, aquel episodio revela una pregunta que sigue vigente:¿cuánto pesan los símbolos de la Patria frente a las urgencias económicas del presente? En 1826, Rivadavia eligió el comercio. En 1835, Rosas devolvió al 9 de Julio su lugar solemne. Y la historia terminó inclinándose por la memoria: cada año, la Argentina vuelve a celebrar el día en que decidió ser libre e independiente.
