La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno por los 53 días de bloqueo en el país.
Según el documento, la orden se emitió por un fiscal de materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción.
La nota indica que Morales y otras personas están investigadas por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia había sido presentada por los líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Asimismo, la investigación incluye al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar.
Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y de insumos sanitarios, además de dejar al menos 16 fallecidos, trece de ellos por la falta de atención médica, mientras que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira estimó las pérdidas económicas en más de 3.000 millones de dólares.
Evo Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados.
Esta orden de detención sobre el ex mandatario se suma a otra por presunta trata de personas, según la cual Morales habría mantenido una relación con una menor de edad diez años atrás, cuando estaba al mando del Ejecutivo boliviano.
Sin embargo, desde 2024, el ex presidente boliviano está atrincherado en la región de Chapare, donde es protegido por cientos de seguidores, quienes por el momento evitaron su detención.
En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso. La Policía sostiene que espera el momento adecuado para ejecutar esa orden.
