El Gobierno oficializó una reforma en el mecanismo administrativo que deben cumplir los jueces que alcanzan el límite de 75 años y pretenden permanecer en sus cargos durante otros cinco años. Mediante la Resolución 384/2026 del Ministerio de Justicia, la Casa Rosada derogó el esquema que regía desde 2024 para establecer reglas con plazos más acotados e instancias de control reforzadas.
La Constitución Nacional establece que al cumplir los 75 años, los jueces deben dejar sus funciones a menos que el Poder Ejecutivo proponga su continuidad y obtenga un nuevo acuerdo del Senado. Para evitar la “permanencia provisoria” o que los expedientes se inicien sobre la hora, la nueva norma fijó que el pedido de prórroga deberá iniciarse indefectiblemente dentro de los 12 meses previos a cumplir la edad límite.
Las nuevas exigencias para los jueces que cumplan 75 años: auditoría de ARCA y publicidad oficial
El trámite incorporó mayores requisitos documentales y de transparencia previo a que el Presidente decida si envía o no el pliego al Congreso:
- Controles de antecedentes: además del DNI y título habilitante, se exigirá una declaración jurada patrimonial integral y certificados que acrediten la ausencia de sanciones disciplinarias, procesos de remoción o juicios políticos en curso.
- Publicidad y consulta pública: la solicitud se publicará durante un día en el Boletín Oficial, incluyendo un enlace de acceso público al currículum del magistrado en la web del Ministerio de Justicia.
- Informes fiscales de ARCA: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispondrá de cinco días hábiles para emitir un dictamen sobre la situación tributaria, impositiva y previsional del juez postulante.
Una vez reunida la documentación y auditada la conducta fiscal y patrimonial, quedará bajo la órbita discrecional del Presidente decidir si impulsa o frena el trámite ante el Senado.
La revisión del régimen se conoció tras dos decisiones contrapuestas del gobierno de Javier Milei que reavivaron el debate sobre los criterios de continuidad:
- El caso de Martín Irurzun: el Gobierno rechazó la solicitud del histórico integrante de la Cámara Federal porteña para quedarse cinco años más, lo que motivó un reclamo del magistrado ante la Corte Suprema.
- El caso de Carlos Mahiques: el Gobierno avaló la prórroga del integrante de la Cámara Federal de Casación Penal (padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques), permitiéndole permanecer en el cargo hasta los 80 años.
Desde el Ministerio de Justicia comandado por Juan Bautista Mahiques señalaron que la nueva reglamentación apunta a estandarizar los requisitos y transparentar la evaluación previa con el objetivo de reducir las zonas grises que derivan en planteos de judicialización.
