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El caso comenzó en 2002 tras descubrirse que su muerte no fue un accidente. Luego de 20 años, condenaron al exvecino de la mujer.
Se trata de gremialistas del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Fueron encontrados culpables por haber pedido dinero para no hacer paros que interrumpieran la actividad pesquera.
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