La revisión técnica obligatoria en la Argentina entró en una nueva etapa. El Gobierno nacional oficializó la apertura de un registro para que talleres mecánicos, concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica puedan realizar controles vehiculares, en un movimiento que apunta a descentralizar el esquema actual, ampliar la oferta de prestadores y digitalizar parte del proceso. La medida fue formalizada a través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, en línea con los cambios que ya había introducido el Decreto 196/2025 sobre la Ley Nacional de Tránsito.
La novedad no elimina la obligación de hacer la revisión técnica, pero sí modifica el mapa de lugares habilitados y el modo en que se administrará el sistema. A partir de este nuevo marco, la lógica deja de estar centrada exclusivamente en plantas específicas y pasa a un modelo más abierto, con inscripción pública, digital y gratuita mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La intención oficial es generar más competencia, reducir trabas administrativas y ampliar las opciones para los conductores.
Qué cambia desde ahora con la VTV y la RTO
El cambio central es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. Ese padrón permitirá que se anoten nuevos prestadores siempre que cumplan con los requisitos técnicos y operativos definidos por la normativa vigente. En otras palabras, la revisión técnica seguirá siendo obligatoria, pero ya no dependerá sólo de una red cerrada de plantas verificadoras.
La resolución también redefine el rol del Estado nacional dentro del sistema. Según el texto oficial, la función pública se concentrará en la registración técnica, el control de estándares y la emisión/documentación del proceso, mientras que se busca limitar la intervención sobre la fijación de precios. El enfoque declarado es pasar de un esquema “cerrado” a otro más flexible, interoperable y previsible para quienes viven o circulan entre distintas jurisdicciones.
Quiénes podrán hacer la revisión técnica de los vehículos
Con el nuevo régimen, podrán inscribirse talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores que demuestren capacidad técnica suficiente. La habilitación no será automática: los establecimientos deberán acreditar equipamiento, procedimientos y condiciones operativas aptas para realizar inspecciones con estándares de seguridad vial. Además, deberán contar con un Director Técnico responsable del funcionamiento del servicio.
La reforma, además, unifica el alcance del sistema. Los talleres registrados podrán intervenir sobre vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales, lo que amplía de forma significativa la cobertura respecto de esquemas previos más fragmentados. El objetivo oficial es facilitar el acceso y evitar restricciones que, según el Gobierno, habían reducido la competencia y la disponibilidad del servicio.
Los plazos de la revisión técnica también cambian
El nuevo marco mantiene la revisión técnica como requisito para circular, pero extiende los plazos para determinados vehículos. En el caso de los autos particulares 0 km, la primera inspección deberá realizarse a los cinco años del patentamiento. Para unidades particulares con hasta diez años de antigüedad, la revisión pasará a ser cada 24 meses; en cambio, los vehículos con más de diez años deberán seguir haciéndola una vez por año.
Para los vehículos destinados al transporte de pasajeros o de carga, el esquema será más exigente: la primera revisión deberá efectuarse dentro de los 12 meses del patentamiento inicial, y luego continuar con frecuencia anual. El espíritu del decreto, según sus fundamentos, es adaptar los plazos al parque automotor actual y simplificar el trámite sin abandonar las exigencias mínimas de seguridad activa, pasiva y control ambiental.
Más opciones, precios libres y un certificado digital
Otro de los ejes de la reforma es la digitalización. La Resolución 32/2026 establece que la revisión se acreditará mediante el Certificado de Revisión Técnica (CRT) y que, además de la identificación física que se adhiere al parabrisas, habrá una versión digital con la misma validez legal. Esa integración busca mejorar el control, ordenar la trazabilidad del sistema y facilitar su interoperabilidad entre diferentes puntos del país.
En paralelo, el Gobierno plantea un esquema de mayor competencia entre prestadores, con libre determinación de tarifas en las jurisdicciones que adopten la nueva normativa. En la práctica, eso significa que el costo de la revisión podría variar según el taller habilitado elegido por el usuario. Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Transporte Automotor tendrá hasta 90 días para desarrollar la base informática nacional que consolide la información técnica de las inspecciones.
Por qué no todo cambiará de inmediato en todo el país
Hay un punto clave que define el verdadero alcance de esta reforma: las provincias deben adherir al nuevo esquema para que se aplique efectivamente en sus territorios. Como la regulación del tránsito y la verificación técnica tiene componentes jurisdiccionales, la decisión nacional no implica una implementación automática y uniforme en todo el país. Por eso, aunque la norma ya fue publicada, su impacto real dependerá del comportamiento de cada distrito.
Ese aspecto es especialmente importante en la provincia de Buenos Aires, que ya había anticipado que no acompañará la reforma nacional y que mantendrá, por ahora, su esquema propio de controles y plazos. Esto significa que un conductor bonaerense no debería asumir que las nuevas condiciones rigen automáticamente en su jurisdicción sólo por la publicación de la norma nacional. La diferencia entre lo decidido por Nación y lo que resuelva cada provincia será determinante en los próximos meses.
Qué deberían mirar ahora los conductores
Para los usuarios, el gran cambio es que el sistema se encamina a ser más amplio, digital y competitivo, pero todavía con un componente federal que obliga a seguir de cerca qué hará cada provincia. En los distritos que adhieran, habrá más lugares para realizar la revisión técnica, posibilidad de comparar precios y una validación digital del certificado. En los que no adhieran, seguirán vigentes las reglas locales.
En definitiva, la reforma abre una nueva etapa para la VTV/RTO en la Argentina: más actores podrán participar del sistema, la documentación será más moderna y los plazos cambian para buena parte del parque automotor. Sin embargo, la letra chica no está sólo en la resolución nacional, sino también en la adopción provincial. Y ahí estará, probablemente, la verdadera discusión que definirá cómo se aplicará esta transformación en la vida cotidiana de millones de conductores.
