La decisión del Gobierno porteño de explotar comercialmente varios parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires generó polémica en redes sociales y la reacción de los vecinos, preocupados por la “privatización” de los espacios verdes, que son escasos y están por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
La convocatoria del GCBA, que está en etapa de Concurso Público y prevé la presentación de ofertas para el 24 de junio, se ampara en la Ley 4.950, sancionada en 2014, que autoriza la construcción e instalación de “núcleos de servicios complementarios” —cafeterías, bares y puestos de expendio de bebidas y alimentos— en espacios verdes que superen los 50.000 metros cuadrados (cinco hectáreas).
Desde la Jefatura de Gobierno porteño defienden el proyecto argumentando que “mejorará la experiencia urbana de los vecinos mediante la inversión privada en infraestructura, sin generar costos fiscales para la Ciudad ni para los contribuyentes”.
Sin embargo, desde organizaciones ambientales y vecinales como el Observatorio por el Derecho a la Ciudad señalan que “la iniciativa encubre la privatización del espacio público, a precios irrisorios, en una ciudad que posee sólo 6 m2 de espacios verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 10 m2 por habitante”.
Espacios públicos y negocios privados
Los módulos comerciales proyectados tendrán un tope máximo de 200 metros cuadrados de superficie. Los contratos de explotación son por cinco años consecutivos, con opción a prórroga.
Para obtener la concesión, los privados deberán hacerse cargo de la inversión requerida (en materiales, mano de obra y equipos) para levantar las estructuras o, en su defecto, reciclar y poner en valor edificaciones estatales en desuso.
A cambio, los locales contarán con áreas de sillas cubiertas y descubiertas, bicicleteros, iluminación y Wi-Fi. Como contraprestación, deberán construir y mantener baños públicos.
En términos gastronómicos, la regulación es estricta respecto a la seguridad y salubridad: está prohibida la cocción de alimentos, y la oferta se limitará a sándwiches, golosinas, productos de confitería y alimentos envasados.
Parques seleccionados y polémica por los cánones
El plan abarca concesiones en 16 parques y plazas en barrios.
- Palermo: Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Plaza Sicilia, Parque Velódromo, Parque Ernesto Jaimovich y Plaza Florencio Sánchez
- Puerto Madero: Parque Micaela Bastidas y Parque Mujeres Argentinas
- Paternal: Parque La Isla
- Chacarita: Parque Los Andes
- Belgrano: Parque de las Américas
- Parque Chacabuco
- Villa Soldati: Parque Indoamericano
- Barracas: Plaza España
- Parque de los Patricios
- Recoleta: Parque Thays
Uno de los puntos más controvertidos es el monto del cánon mensual que pagarán las empresas gastronómicas; llamativamente bajos si se contrasta con los valores inmobiliarios de las zonas afectadas. Por ejemplo, para el Parque Thays, en Recoleta, la base fijada es de 1.5 millones de pesos mensuales, mientras que el Parque Mujeres Argentinas en Puerto Madero se licita desde los 2,6 millones de pesos.
En el extremo opuesto, un predio en el Parque Indoamericano en Villa Lugano arranca con un canon irrisorio de 590.000 pesos. Para sumar atractivo al negocio, los pliegos contemplan un beneficio extraordinario: los empresarios estarán eximidos de pagar el canon mensual hasta que hayan amortizado por completo la inversión inicial realizada en la infraestructura del parque.
Déficit verde y arbolado en riesgo
Conocido el lanzamiento de la licitación, diversas ONGs alzaron su voz:
“En la Ciudad de Buenos Aires ya se viven los efectos negativos del cambio climático”, señaló Jonathan Baldivieso, director del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. “En los últimos años se incrementó un 10% la zona de calor y aumentó un grado la temperatura media, por eso necesitamos más que nunca más espacios verdes. Pero el gobierno porteño sacrificó en los últimos 12 años más de 150 hectáreas de espacios verdes a favor del mercado inmobiliario”, apuntó.
La instalación de bares en plazas también atenta contra el arbolado urbano. “Deberíamos tener un árbol cada tres habitantes”, señaló Angélica Di Giácomo, del colectivo Basta de Mutilar. “En las ciudad somos 3 millones y hay 470.000 árboles, o sea que se debería duplicar la cantidad de árboles, y lo que está ocurriendo es lo contrario, ya que se está destruyendo el arbolado por falta de mantenimiento, podas indiscriminadas y remoción de ejemplares para que el cemento y el concreto le ganen al verde en las plazas”.
