La Justicia ordenó este domingo 8 de noviembre un allanamiento en la vivienda de Mauro Icardi, situada en el barrio privado La Isla de Nordelta, como parte de la investigación iniciada tras la denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones leves contra una de sus hijas. El procedimiento incluyó el secuestro de varios objetos que podrían aportar información para esclarecer el episodio.
Entre los elementos retirados de la propiedad se encuentran un teléfono celular con su funda protectora, una computadora portátil y una mochila que pertenecería a la niña de 11 años. El material fue trasladado y registrado en la sede de la Superintendencia AMBA Norte I.
La intervención fue ejecutada por efectivos del Destacamento Villa La Ñata, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro. Asimismo, participaron agentes del área de Infancia del Sistema de Emergencia Social del municipio.
La medida policial tuvo lugar pocas horas después de que el juez Orlando Abel Díaz aceptara el pedido formulado por Francisco Oneto, abogado del futbolista, y le otorgara la eximición de prisión bajo caución juratoria. De esta manera, Icardi podrá permanecer en libertad durante el desarrollo de la investigación, siempre que cumpla con las condiciones impuestas por la Justicia.
Mauro Icardi no podrá acercarse a su hija
Este sábado 7 de noviembre, Icardi recibió una restricción judicial que le impide acercarse o comunicarse con su hija mayor. La resolución se dictó luego de un episodio ocurrido en Nordelta, que motivó un operativo policial y una denuncia por presuntas lesiones contra la menor.
El fallo establece que el futbolista deberá mantenerse alejado de la niña por un radio de 100 metros. La distancia mínima aumenta a 300 metros cuando se trata de la vivienda de la menor o de cualquier otro espacio en el que se encuentre.
Según Infobae, la disposición también alcanza a los intentos de comunicación: Icardi no podrá hablar con su hija por teléfono, enviarle mensajes, escribirle en redes sociales ni utilizar aplicaciones de mensajería. La restricción incluye, además, cualquier intermediario que pudiera actuar en su nombre.
El plazo establecido por la Justicia es de 45 días consecutivos, que comenzarán a contarse una vez que el jugador quede formalmente notificado. En caso de incumplir alguna de las condiciones, podría enfrentar una causa por desobediencia a la autoridad.
