Paradojas de la Argentina: Entre Ríos fue la primera provincia en prohibir el fracking (fractura hidráulica) en su territorio, pero hoy es la principal proveedora de arenas silíceas para esta práctica en Neuquén. La actividad demanda cerca de 7 millones de toneladas de arena por año, y la cantidad va en ascenso.
Ocurre que, cuando se perfora un pozo en la roca de esquisto (shale), se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos químicos para fracturar la roca. La función de la arena es mantener las fracturas abiertas, para que el petróleo y el gas fluyan con mayor facilidad hacia el pozo.
Este material debe poseer características específicas: granos redondeados para una distribución eficiente de la carga, resistencia mecánica para soportar presiones extremas, y un alto contenido de sílice con bajos niveles de impurezas para evitar la obstrucción de los poros de la roca.
Es por eso que la arena silícea constituye un insumo clave para el fracking, y ésta se encuentra en buena cantidad en el territorio de Entre Ríos. Actualmente, la actividad demanda cerca de 7 millones de toneladas por año, y las estimaciones de crecimiento de la producción elevaría esa cifra a 9 millones en 2028.
El nuevo oro en granos
El mayor volumen de arena silícea se extrae fundamentalmente de canteras en los departamentos entrerrianos de Diamante e Islas del Ibicuy, ambos a orillas del Río Paraná.
“En 2025 se extrajeron unos 5 millones de toneladas, que son transportadas en camiones que recorren unos 1300 kilómetros hasta llegar a destino. Esto da cuenta de un crecimiento exponencial de Vaca Muerta que pasó de consumir 600 mil toneladas en 2015 a más de 6 millones en 2025, con una proyección de superar las 10 millones de toneladas para 2030”, señala Valeria Enderle, abogada especialista en Derecho Ambiental y directora de la Fundación Cauce.
“Esa extracción a enormes volúmenes genera daños en el suelo y en los humedales”, dice la especialista y co-autora de la investigación “Arenas para el fracking. La extracción del nuevo oro en Entre Ríos”.
“También hay un uso intensivo del agua para lavar esa arena, lo que genera impactos directos en la salud de las personas por la aspiración de polvo de sílice al remover las arenas. Esto provoca, con el tiempo, desde alergias hasta daños en los pulmones y silicosis”, apunta Enderle.
El lado B del extractivismo
Actualmente funcionan 15 canteras y 9 plantas de lavado y tratamiento de arena en Entre Ríos, concentradas en los departamentos de Diamante e Ibicuy. Ambas localidades están a la vera del río Paraná, rodeadas por islas y humedales de gran biodiversidad y con una importante actividad de pesca deportiva y turismo.
“A partir de la instalación de las canteras y plantas de lavado, se generaron conflictos en las comunidades, ya que las mineras contratan trabajadores locales para tareas de limpieza y manejo de maquinarias, algo que resulta esencial en tiempos de crisis económica y caída del empleo”, señala la abogada y directora de Fundación Cauces.
“Con la extracción de arena se están destruyendo médanos y humedales que eran refugio de hacienda y animales salvajes en tiempos de crecida”, advierten desde la Fundación Humedales .
Por otro lado, el procesamiento de la arena requiere enormes cantidades de agua: La localidad de Ibicuy, con sus 9.000 habitantes, consume 1 millón de litros de agua por día, mientras las areneras consumen 2 millones de litros de agua subterránea por hora.
Del Paraná a la Cordillera
Para que la arena de Entre Ríos pueda llegar a Vaca Muerta, debe ser transportada en miles de camiones a lo largo de 1.300 kilómetros, a través de rutas cada vez más deterioradas, lo que genera accidentes y una descomunal huella de carbono.
Con la expansión proyectada de Vaca Muerta, fuentes del sector afirman que ingresarán unos 10.000 camiones mensuales a la Cuenca Neuquina, de los cuales 5.000 serán exclusivamente para arena. Esto podría colapsar las rutas nacionales y la capacidad logística existente.
El impacto ambiental del fracking va mucho más allá de Vaca Muerta. “Hay muchas comunidades y sectores impactados. A esto se suma la falta de acceso a la información y de mecanismos de participación adecuados para que los ciudadanos puedan decidir qué quieren que se haga y qué no en sus territorios”, apunta Enderle, de Fundación Cauces.
Hoy, las expectativas de recuperación económica de la Argentina están puestas en la exportación de gas no convencional (considerado un combustible de transición, ya que genera menos emisiones que el petróleo y el carbón).
Sin embargo, ¿hasta qué punto se pueden justificar proyectos con impacto ambiental negativo a nivel local, en nombre de la “transición energética global”? El debate está planteado, y no será fácil de resolver.
