La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo presentado por la defensa de Juan López Torales y despejó el último obstáculo para la realización del juicio oral en una causa que se remonta a una protesta de trabajadores de Lear, ocurrida el 1 de julio de 2014 sobre la autopista Panamericana. El comandante de Gendarmería Nacional está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y falso testimonio, en el marco de un procedimiento que generó fuerte repercusión pública y mediática.
El episodio que originó la investigación
Durante aquella manifestación, López Torales aseguró haber sido atropellado por un vehículo que intentaba atravesar el corte de tránsito. Sin embargo, registros audiovisuales tomados por periodistas que se encontraban en el lugar mostraron una secuencia diferente.
Las imágenes difundidas posteriormente exhibieron al gendarme arrojándose de manera deliberada sobre el capó de un auto en movimiento. Ese material se convirtió en una de las pruebas centrales de la investigación judicial.
Tras el episodio, el conductor del vehículo, Cristian Romero, fue retirado por la fuerza de su auto y detenido por otros agentes de la fuerza federal. Esa intervención derivó en una denuncia que impulsó el avance de la causa.
Un expediente que atravesó más de una década
La situación judicial de López Torales comenzó a definirse en 2016, cuando fue procesado por los hechos investigados. A partir de entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales antes de llegar a la etapa de juicio.
Recién en 2024 la causa fue elevada a juicio oral, lo que abrió una nueva disputa entre la defensa y la acusación respecto de la vigencia de la acción penal.
La discusión por la prescripción llegó hasta la Corte
La estrategia defensiva buscó que el expediente fuera archivado por prescripción. El argumento fue rechazado primero por el Tribunal Oral Federal N.º 5 de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal.
Frente a esos fallos, los abogados de López Torales recurrieron a la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal también descartó el planteo y ratificó que la causa debe seguir adelante.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes dejaron firme el trámite procesal que habilita el debate oral.
Con el rechazo definitivo del recurso, el expediente regresará al tribunal oral encargado de juzgar el caso. Allí se analizarán las pruebas acumuladas durante la instrucción y se determinará la eventual responsabilidad penal del gendarme.
El juicio buscará establecer si López Torales incurrió en los delitos que le atribuye la acusación y esclarecer las circunstancias de un episodio que se convirtió en uno de los hechos más controvertidos de los operativos de seguridad registrados durante las protestas laborales de la década pasada.
