
Una pareja de Neuquén que soñaba con su casa propia terminó enfrentando una pesadilla: tras pagar más de la mitad del valor acordado a una constructora, la obra quedó paralizada con solo un 7% de avance. Ahora, la Justicia provincial condenó a la empresa y a uno de sus socios gerentes a pagarles más de $110 millones en concepto de resarcimiento.
El contrato se había firmado en febrero de 2023 y contemplaba la construcción de una vivienda de 160 metros cuadrados bajo el sistema steel framing, una modalidad de construcción en seco. El precio pactado era de $43 millones y el plazo de entrega, de 270 días.
La obra se frenó y la pareja quedó sin respuestas
Según el expediente judicial, la pareja llegó a abonar el 57% del monto total. Sin embargo, en octubre de 2023 los trabajos se detuvieron y nunca se retomaron, a pesar de las promesas de la empresa.
Una pericia técnica incorporada al juicio determinó que solo se habían realizado tareas de nivelación del terreno y el inicio de la estructura. El informe confirmó que la obra estaba abandonada y sin avances reales.

La jueza civil María Eliana Reynals concluyó que “quedó demostrado el incumplimiento imputado a la demandada”, tras analizar todas las pruebas presentadas.
El socio gerente también fue responsabilizado
La sentencia no solo recayó sobre la empresa constructora. La magistrada también responsabilizó a uno de los socios gerentes, ya que los pagos de la pareja se habían depositado en una cuenta bancaria a su nombre.
Para la jueza, su intervención “no se limitó al ejercicio de una representación meramente formal de la sociedad”, sino que tuvo un papel activo en la contratación y ejecución de los trabajos.
El monto de la condena y el cálculo del resarcimiento
Al momento de fijar la reparación, la Justicia no solo consideró el dinero entregado en 2023. La jueza ordenó restituir el porcentaje abonado, pero actualizado al valor de una vivienda similar en la actualidad.
Además, sumó $10 millones en concepto de daño moral por los perjuicios sufridos por la pareja. Así, la condena total supera los $110 millones y alcanza tanto a la empresa como al socio gerente involucrado.



















