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Dejó la computadora en el auto mientras compraba en La Matanza, se la robaron del estacionamiento y el supermercado tuvo que indemnizarlo con más de $4.500.000

Un supermercado de San Justo deberá indemnizar a un cliente al que le robaron una notebook y otros objetos de su vehículo mientras hacía las compras. La Justicia consideró que el comercio debía garantizar la seguridad del estacionamiento y ordenó pagar $4.500.000, más intereses y costas judiciales.

San Justo Shopping
San Justo Shopping Foto: San Justo Shopping
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Un hombre decidió dejar su notebook y algunos otros elementos de valor en su auto en el estacionamiento de un supermercado en la localidad de San Justo, lo robaron y la Justicia decidió que el hipermercado deberá pagarle $4.500.000 más intereses.

El hecho ocurrió en abril de 2021, cuando el hombre dejó estacionado su Honda CR-V en el predio del supermercado para realizar sus compras. Al regresar, descubrió que una de las puertas traseras había sido forzada y que le habían sustraído una notebook, una batería portátil, un cargador, guantes, una mochila y un par de anteojos. Tras reclamar al personal de seguridad sin obtener respuestas ni acceso a las cámaras de vigilancia, decidió iniciar acciones legales contra la empresa.

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Tras reclamar al personal de seguridad sin obtener respuestas ni acceso a las cámaras de vigilancia, el afectado decidió iniciar acciones legales contra la empresa. Foto: San Justo Shopping

¿Por qué se realizó la denuncia?

El hombre se quejó ante el personal de seguridad del supermercado pero no le autorizaron revisar las cámaras ni le ofrecieron ninguna solución. Ante esta amplia falta de respuesta, radicó una denuncia penal y, tras el fracaso de la mediación, inició una demanda civil por daños y prejuicios.

La base principal del reclamo judicial fue la Ley de Defensa del Consumidor, de modo que el estacionamiento gratuito que los proveedores ofrecían implicaba un contrato de depósito necesario y un deber de seguridad para la empresa.

Así, aquella demanda tuvo en cuenta el valor de los bienes robados, el daño moral y una multa civil. Sin embargo, la empresa no habría respondido y se habría declarado en rebeldía.

Juicio, justicia.
Aquella demanda tuvo en cuenta el valor de los bienes robados, el daño moral y una multa civil. Foto: Freepik.

¿Qué argumentó el fallo judicial?

El Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 de La Matanza argumentó su decisión principalmente en:

  • La Ley 24.240, de defensa al consumidor.
  • El principio de protección al consumidor establecido en la Constitución Nacional.

Este tribunal afirmó que el establecimiento presenta al estacionamiento como un servicio accesorio para atraer clientes a su empresa y que, de este modo, asumen una obligación de custodia dentro de la totalidad del predio.

Además, tomó como argumentación válida:

  • La falta de respuesta de la empresa.
  • La documentación aportada por el cliente.
  • Antecedentes que avalan la responsabilidad de los comercios por los bienes de sus clientes en estacionamientos ofrecidos como parte de la experiencia de compra.
Juicio, justicia.
El juez tomó antecedentes que avalan la responsabilidad de los comercios por los bienes de sus clientes en estacionamientos ofrecidos como parte de la experiencia de compra. Foto: Freepik.

De esta forma, el monto que la empresa deberá pagar al demandante es de:

  • $2.500.000 por el valor de los objetos sustraídos.
  • $1.000.000 por daño moral.
  • $1.000.000 por daño punitivo.
  • El total de los gastos del proceso judicial.

Entre otros considerandos, el fallo destacó que el servicio de estacionamiento gratuito no es desinteresado, sino que representa un valor agregado para captar clientela. También tuvo en cuenta la importancia de la buena fe contractual y la obligación de brindar un entorno seguro, en línea con los estándares internacionales de protección al consumidor. A pesar del archivamiento de la causa penal por robo, aquello no impidió el avance de la acción civil.

La magistrada entendió que el silencio de la empresa contribuyó a demostrar los hechos denunciados y sostuvo que la sentencia tiene un propósito reparador, preventivo y sancionatorio frente a comportamientos negligentes por parte de los proveedores.

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